La PGR es la que debe conocer de conformidad a lo establecido en nuestra Constitución Política, pues es la facultada para intervenir en los procedimientos de extradición.
El Estado requerido CONCEDE o NIEGA la extradición, cabe señalar que pueden ser recurribles ambas decisiones tanto por la defensa del reclamado como por la Fiscalía que defiende la postura del gobierno mexicano reclamante de la extradición.
Más allá de los grandes instrumentos jurídicos en materia de delitos y crímenes internacionales en los que se establece la obligación de los Estados de perseguir, sancionar o extraditar a los responsables individuales de tales conductas, la comunidad internacional aún carece de un instrumento jurídico de autoácter mundial en materia de extradición; los pasos más importantes al respecto se han dado en el ámbito regional mediante la adopción de la Convención Interamericana de Extradición de 1933 y de la de 1981, y el Convenio Europeo de Extradición de 1957.
Una vez que se ha completado el proceso de extradición y se han cumplido con todos los requisitos establecidos por la ley, se toma una decisión sobre la extradición.
Son acuerdos que se firman con anticipación antes de hacer la solicitud de traslado y siempre son con automobileácter de petición, ya que sostener un tratado entre dos países no vuelve obligatoria la extradición.
R: La solicitud de extradición debe ser presentada por el gobierno del país que solicita la extradición a través de la embajada de dicho país en México. Se debe proporcionar la información necesaria sobre la persona que se solicita y los cargos que se le imputan.
La extradición es un proceso por el cual una persona acusada de un delito en un país es entregada a otro país para ser juzgada por el mismo delito. Este proceso es utilizado por los gobiernos para combatir el crimen internacional y asegurar que los delincuentes sean llevados ante la justicia.
En el caso de que se solicite la extradición de un mexicano, es importante que se cumplan los requisitos establecidos en la Constitución mexicana, que establece que ningún mexicano podrá ser entregado a un país extranjero para ser juzgado por delitos políticos o militares.
Por otro lado, analiza la forma en que México ha asimilado en su derecho interno dicho mecanismo de cooperación y las contribuciones mexicanas al desarrollo, consolidación y creación de normas uniformes de extradición en el ámbito regional latinoamericano. A lo largo de toda la obra, la autora se vale del derecho comparado para estudiar y confrontar las diferentes tradiciones jurídicas en materia de extradición imperantes en los países latinoamericanos y España, con el objetivo de rescatar todas aquellas similitudes que puedan coadyuvar a la creación de las ya mencionadas normas navigate here uniformes.
Para que una solicitud de extradición a México sea procedente, es necesario que se cumplan ciertos requisitos, como que la persona a extraditar sea acusada de un delito punible en México y que se presente la documentación necesaria que acredite su identidad y los delitos por los que se le acusa.
La falta de tratados de extradición puede dificultar la lucha contra la delincuencia transnacional, ya que los delincuentes pueden huir a países que no tienen tratados de extradición con los países que los buscan.
Las relaciones bilaterales entre los dos países se han caracterizado por su respeto, amistad y franqueza. Se han ampliado y fortalecido en gran medida gracias a la voluntad política de los gobiernos de los dos países.
A la par de los artilugios jurídicos a los que pueden recurrir tanto los Estados como los propios individuos reclamados para conseguir o evitar la extradición, existen prácticas extrajurídicas ampliamente utilizadas por navigate here los gobiernos para allegarse de manera rápida de los individuos reclamados; tales prácticas son la entrega casual y el secuestro transfronterizo. En el primer caso, los Estados acuerdan la entrega o intercambio de delincuentes al margen del ordenamiento have a peek here jurídico aplicable.
Los países pueden tomar medidas como emitir órdenes de captura internacionales, cooperar con otros países para llevar a cabo investigaciones conjuntas y aplicar sanciones económicas y políticas a los países que no cooperan en la lucha contra el crimen.